Las niñas, de sólo 5 años, declararon hace una semana ante los tribunales que desean ver a su madre y vivir con ella. Sin embargo, y debido a enredados procesos judiciales, los ruegos de madre e hijas no han podido hacerse realidad...
La periodista venezolana, Marichina García Herrero, ha denunciado ante distintos organismos del Estado y ante la prensa nacional, que sus pequeñas hijas de 5 años de edad le han sido arrebatadas de manera indebida, violando sus derechos fundamentales y perjudicándolas psicológicamente en una etapa decisiva de sus vidas, además de perjudicar a sus tres hermanitos políticos y a sus hermanos mayores, que claman por justicia junto a más de 600 personas que se han unido en una red social de Internet para orar por las pequeñas.
El juez de LOPNNA, Jorge Gustavo Mirabal, dictó una medida provisional (que puede durar 1 semana, como 1 año o establecerse definitiva) que priva a la madre de la guarda y custodia de sus pequeñas hijas. Esta medida, denuncia la madre afectada, “es arbitraria, pues no fueron escuchadas mis hijas antes de tomarla, tampoco yo, me han violado mi derecho a la defensa de una manera descarada y procediendo de forma secreta, sin que yo tuviese ni una sola comunicación, citación o consulta, aunque fuera telefónica, que me indicara de lo que estaba ocurriendo a mis espaldas y a espaldas de mis hijas, que son sujetos de derecho y que debieron ser oídas.
Las niñas y su familia viven en Valencia, pero la medida judicial ha sido tomada en Caracas, por lo que los tribunales actuaron FUERA DE SU COMPETENCIA.
Además, en el acta se ha “omitido” la posibilidad de que madre e hijas tengan contacto, aunque sea transitorio, por lo cual García denuncia que el padre de las niñas, Rubén Hernández Remón, no ha permitido que ellas se vean o se hablen hasta tanto el juez no se pronuncie al respecto, a su vez, el juez ha esgrimido que su medida no tiene nada que ver con el régimen de visitas, lo cual deja a las niñas en una especie de limbo jurídico, del que nadie ha sabido cómo sacarlas, a pesar de que en Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Consejos de Protección sostienen que se viola el derecho de trato y comunicación de las tres afectadas.
“Sólo a través de la gestión de una jueza que llamó a mi ex esposo, logré, el jueves pasado, hablar unos minutos con mis hijas, que me reclamaron el por qué las había dejado tantos días y preguntaron dónde estaba yo metida”.
A pesar de múltiples gestiones, los tribunales no han sido expeditos y los lapsos procesales han limitado la posibilidad de que madre e hijas vuelvan a estar juntas, violándose con esto los derechos humanos de las niñas a la educación, al contacto con su madre y hermanos y al amor y cuidado maternos, violaciones que se suman a la del derecho a ser escuchadas. La madre asegura que ha presentado suficientes pruebas de que la información suministrada ante los tribunales para arrancarle a sus hijas, es falsa, pero también asegura que el criterio del juez fue exagerado, pues los argumentos usados no son causales de privación de guarda.
El derecho a la defensa de la madre fue vulnerado, también el de las hijas, que fueron tomadas por sorpresa y separadas de su mamá, de sus amigos y de su escuela a pesar de sus pedidos posteriores, ante los tribunales. Para la madre es evidente que los retardos procesales responden a intereses muy alejados del interés superior de las niñas, consagrado en la ley, pero por haber trabajado muchos años dentro de instituciones del Estado, al igual que su ex pareja, que actualmente es cónyuge de una ministra del gobierno, suplica que sus ruegos de madre no sean usados para politizar la situación.
Con gran preocupación, la mujer hizo énfasis en solicitar que el Poder Judicial nombre a la brevedad un nuevo juez que vele por sus hijas, ya que el juez anterior, que había sido manipulado con información falsa, se inhibió. “Pido que se respete mi derecho a la defensa y al debido proceso, pues, el juicio, que a mis espaldas ya lleva mucho más de un mes, fue realizado sin el debido llamado, por parte del tribunal, de un Fiscal del Ministerio Público para que protegiera los derechos de mis niñas”.